Una operadora de un centro de día para adultos en el área de Detroit (EEUU) se ha declarado culpable de conspirar para cometer fraude sanitario al cargar a Medicare sesiones de psicoterapia que no se prestaron, incluidas a pacientes hospitalizados e incluso fallecidos. El importe de las reclamaciones falsas supera los 539.000 dólares y la sentencia está fijada para el 18 de noviembre, con una pena máxima posible de 10 años de prisión.
Según informó el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), la acusada, residente en Farmington Hills (Míchigan) e identificada como Yolanda Mathews, presentó de forma reiterada facturas a Medicare por servicios inexistentes a usuarios de su centro de día. Estos centros ofrecen durante el día cuidados, actividades sociales y apoyo sanitario a personas mayores o con discapacidad. Medicare es el seguro médico público federal para mayores de 65 años y determinados colectivos con discapacidad.
Los documentos del caso detallan que se facturaron tratamientos cuando los beneficiarios estaban ingresados, imposibilitados por tanto de acudir al centro. También se usó la identidad de una trabajadora social que ya no estaba empleada, y se registraron sesiones después del fallecimiento de algunos asegurados.
La investigación corrió a cargo de la oficina del FBI en Detroit y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La acusación la sostiene la Sección de Fraudes del DOJ. La condena final dependerá de las directrices federales de determinación de penas, que ponderan el volumen del fraude, su duración, los beneficios obtenidos y la cooperación con las autoridades.
El caso se enmarca en la operación nacional contra el fraude sanitario de 2026, en la que el DOJ anunció cargos contra 455 personas por más de 6.500 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas. Además de facturación falsa a seguros públicos y privados, se investigan prácticas como servicios innecesarios, captación ilícita de pacientes, sobornos y delitos vinculados a opiáceos.
Estados Unidos ha reforzado este frente al tratar estas conductas como un grave delito económico que erosiona el erario. En abril de 2026 creó una unidad nacional antifraude y, desde 2007, sus equipos especializados han imputado a más de 6.200 acusados que reclamaron en conjunto más de 45.000 millones de dólares; actualmente operan nueve grupos de acción en todo el país.
El caso pone de relieve vulnerabilidades cuando la supervisión de seguros descansa en documentación y firmas profesionales sin verificación en tiempo real. Sin cruces automáticos con datos de hospitalización, fallecimientos o asistencia efectiva, fraudes como la doble facturación o el uso de identidades de ex empleados pueden perdurar sin ser detectados.
