La administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su intención de reducir el papel del Departamento de Educación de Estados Unidos, una decisión que ha generado preocupación entre organizaciones educativas y defensores de los derechos civiles.
El plan contempla trasladar los programas de educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que la supervisión de las leyes contra la discriminación en las escuelas pasaría al Departamento de Justicia.
Los defensores de la reforma argumentan que la medida permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos y reducirá la burocracia federal. Sin embargo, numerosos expertos advierten de que el cambio podría afectar la protección de estudiantes con discapacidad y complicar la vigilancia de posibles casos de discriminación escolar.
La propuesta también reabre un antiguo debate político en Estados Unidos sobre el equilibrio entre el control federal y la autonomía de los estados en materia educativa.
