Japón ha dado un impulso a la compra pública de innovación al pedir a los gobiernos locales que amplíen la adquisición de productos y servicios de startups mediante contratos directos amparados por el artículo 167-2, apartado 1, punto 4, del Reglamento de la Ley de Autonomía Local. El objetivo es rebajar barreras de entrada en licitaciones y usar la demanda pública como primer cliente para validar nuevas tecnologías, incluidas soluciones de inteligencia artificial.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y el de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC, equivalente al ministerio que supervisa administraciones locales y telecomunicaciones) remitieron el 4 de agosto una notificación a todas las entidades locales para que apliquen activamente este instrumento; la documentación se actualizó parcialmente el día 6.
En Japón, la regla general es la licitación abierta. No obstante, el citado “punto 4” permite recurrir a contratos sin licitación cuando se trate de abrir nuevos ámbitos de negocio con productos o servicios novedosos, facilitando la entrada de empresas con poca trayectoria de suministro. Hasta ahora, exigir plan de negocio y el dictamen de al menos dos expertos era preceptivo, salvo que otra entidad ya hubiera reconocido ese producto.
La novedad es el enganche con J-Startup, programa gubernamental que selecciona startups de alto potencial tras una evaluación experta. Si una empresa está incluida en J-Startup, los gobiernos locales podrán obviar la consulta a expertos al contratar bajo el “punto 4”, al considerarse equivalente el filtro previo. Con ello se aligeran trámites para administraciones y compañías.
El Ejecutivo busca desplazar el foco desde el mero apoyo financiero a la creación efectiva de mercado: que la compra pública sirva para pilotar y escalar soluciones en administración digital, medio ambiente, salud y cuidados, movilidad o gestión de emergencias.
El 21 de julio, el Gabinete incluyó en la Estrategia de Crecimiento un seguimiento anual del uso del “punto 4”, asesoramiento para fomentar su aplicación y la difusión de mejores prácticas entre municipios. El MIC ha elaborado además un compendio de casos, disponible en su web y distribuido a las entidades locales.
El éxito dependerá de la disposición de los funcionarios a utilizar esta vía: el temor a auditorías o a percepciones de trato de favor podría frenar su adopción. El plan de monitoreo y la publicación de referencias pretenden reducir esas reticencias.
En paralelo, Corea del Sur ha aprobado una ley que refuerza desde 2025 la regulación de la inteligencia artificial y la protección de datos, con auditorías de algoritmos y exigencias de transparencia, impulsada por su Ministerio de Ciencia y TIC. En la Unión Europea, la Comisión ultima su propuesta de Ley de IA. En este contexto, la compra pública aparece como palanca complementaria para introducir tecnología de forma temprana y bajo control.
