Estados Unidos y Jordania han cerrado un acuerdo comercial que trasciende los aranceles e incorpora comercio digital, controles a la exportación, inversión y normas laborales y ambientales. El pacto muestra cómo la política comercial se entrelaza con la seguridad económica, un debate que también atañe a Europa.
Según la Casa Blanca, el “Acuerdo de Comercio Recíproco” divulgado el día 21 amplía el tratado de libre comercio que ambos países firmaron en 2000. Prevé trato arancelario preferencial para bienes de origen estadounidense y jordano y limita la imposición de cupos, reforzando la apertura del mercado.
En barreras no arancelarias, Jordania velará por que las licencias de importación no restrinjan el intercambio, reconocerá ensayos y certificaciones de EE UU y suprimirá pruebas duplicadas. En agroalimentación, las medidas sanitarias se basarán en evidencia y en estándares como Codex u OIE.
El capítulo digital prohíbe impuestos específicos que discriminen a empresas estadounidenses, garantiza la libre circulación transfronteriza de datos y veta gravámenes sobre transmisiones electrónicas, en línea con la moratoria de la OMC. También refuerza la protección de la propiedad intelectual en línea.
La novedad más sensible vincula comercio y seguridad: si Washington impone aranceles, cupos o vetos a terceros por razones de seguridad económica, podrá notificarlo y Ammán ajustará sus importaciones conforme a su derecho y obligaciones internacionales. Washington podría además rescindirlo si Ammán pacta con países que juzgue contrarios a sus intereses esenciales, y limita nuevas compras de material nuclear de esos orígenes. Habrá cooperación en controles a la exportación, sanciones y cribado de inversiones.
El acuerdo abre a firmas estadounidenses minerales críticos y energía de Jordania, garantiza trato equivalente en electricidad, telecomunicaciones, transporte e infraestructuras y prevé apoyo potencial del Exim Bank y la DFC. Incluye eliminar un recargo a coches nuevos de EE UU, transparencia en subvenciones y, en cinco años, prohibirá bienes con trabajo forzoso.
El pacto entrará en vigor 60 días después del intercambio de notificaciones que acrediten el cumplimiento de los trámites internos y podrá denunciarse con seis meses de preaviso. Para Washington, marca un giro hacia acuerdos usados para ordenar cadenas de suministro y alinear aliados.
Este enfoque converge con el mayor escrutinio del poder de las plataformas. En paralelo, Corea del Sur ha aprobado reglas para su mercado tecnológico —bajo el Ministerio de Ciencia y TIC— que impulsan interoperabilidad y transparencia algorítmica y refuerzan la protección de datos. La UE, con el RGPD y la Ley de Servicios Digitales, avanza en la misma dirección, un marco útil para valorar cláusulas sobre datos, impuestos digitales y controles a la exportación.
