Un exalcalde de Santa Lucía, en el departamento guatemalteco de Escuintla, ha admitido ante un tribunal de Estados Unidos su participación en una conspiración para importar cocaína al país norteamericano. Según el Departamento de Justicia, el exregidor utilizó su poder institucional para facilitar la logística de una red internacional, un caso que subraya cómo los cárteles pueden aprovechar cargos locales y documentación oficial para blindar sus rutas.
El 27 de julio, el Departamento de Justicia informó de que Romeo Ramos Cruz, de 58 años, se declaró culpable de un cargo por conspiración para introducir en Estados Unidos cinco kilos o más de cocaína. Fue detenido en Guatemala a petición de Washington y extraditado el 4 de agosto de 2025. La lectura de la sentencia está prevista para el 2 de diciembre de 2026.
Documentos judiciales divulgados por las autoridades estadounidenses sitúan su actividad entre 2022 y 2023 como integrante de una organización con base en Guatemala que transportaba cocaína producida en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. Entonces ejercía como alcalde de Santa Lucía y habría aprovechado su posición para apoyar el traslado y la cobertura de los cargamentos.
Entre las actuaciones atribuidas figuran el nombramiento de una persona con antecedentes por narcotráfico en un alto cargo de la policía municipal y el uso de información y accesos oficiales. Ramos Cruz aceptó disfrazar cocaína procedente de Venezuela como “donación de cemento” para el municipio y redactó cartas con membrete oficial con el fin de eludir controles aduaneros y policiales.
El caso ilustra un patrón en el que la estructura y los sellos de la administración local se convierten en herramientas de ocultación criminal. La designación de mandos policiales afines permitiría anticipar inspecciones, interferir en pesquisas y proteger a miembros de la red, mientras que la apariencia de un programa de donaciones reduce sospechas sobre la mercancía.
La pena mínima obligatoria por este delito en Estados Unidos es de 10 años de prisión, con un máximo de cadena perpetua. El tribunal fijará la condena atendiendo a las directrices federales, el grado de implicación y los antecedentes del acusado.
La investigación la dirigió la oficina del FBI en Washington, con apoyo de la DEA en Miami y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva Orleans. La detención y extradición contaron con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, agencias guatemaltecas, Interpol y el propio FBI. El procedimiento se enmarca en la Homeland Security Task Force creada por la Orden Ejecutiva 14159, y refleja la práctica estadounidense de imputar y solicitar la entrega de implicados en envíos de droga con destino a su territorio incluso cuando las conductas se cometen en el extranjero.
